¿QUE HAY DETRÁS DEL PARO?

La preocupación radica en que las calificadoras de riesgo han estado atentas a las propuestas del Gobierno para la sostenibilidad fiscal. Estos organismos esperan estas iniciativas, como también la Ocde, el club de las buenas prácticas al que accedió Colombia.
Pero más allá de que no hacerlas pueda poner en riesgo la calificación, los expertos consideran inaplazables esas reformas. El año próximo, el país tendrá que destinar alrededor de 43,29 billones de pesos para pagar las pensiones estatales, el 20 por ciento del presupuesto. No obstante, benefician a muy pocos, pues, paradójicamente, el sistema público subsidia más a quienes tienen las mayores pensiones. 
Las discusiones sobre estas reformas no solo incluyen un fondo de sostenibilidad fiscal y de equidad, sino también un alto contenido político. Más aún después de las elecciones regionales en las que mayoritariamente las tendencias se volcaron hacia la centroizquierda.
Las reformas pensional y laboral, principalmente, marcarían una agenda política de cara a las elecciones de 2022. Aquello que han llamado algunos expertos la política económica contra la economía política, en un complejo escenario de pesos y contrapesos, y con inamovibles –hasta la fecha– del Gobierno como el de mantener una relación con el Congreso sin ningún tipo de prebendas ni ‘mermelada’ para sacar adelante los proyectos y con poca representatividad política.